España ha dado grandes cosas a la humanidad: el Chupa-Chup, la fregona, el autogiro, el botijo… Productos que han logrado, en mayor o menor medida, el reconocimiento mundial, pero nada con lo que ha ideado la clase política nacional, esa gran desconocida y abnegada. Nada más y nada menos que un nuevo sistema político.
La democracia hereditaria.
Este sistema consiste, a grosso modo, en pasarse el consentimiento popular por salva sea la parte. ¿Qué se dimite o el mandatario en cuestión es llamado a otros menesteres? Pues nada, se elige a dedo al sucesor y aquí no ha pasado nada.
Seguro que me dejaré algunos ejemplos, porque esto parece ser imparable. En España, cuando le cogemos gustillo a algo, lo convertimos rápidamente en epidemia.
Andalucía con Chávez y Griñán; Castilla La Mancha cuando Bono pasó al ruedo nacional; el ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella como flamante alcaldesa y Gallardón de súper mega chachi ministro de justicia. Camps y Fabra, el primero huyendo de la cremà y el segundo un completo desconocido al sur de Castellón, tirado de lista entre amiguísimos y pelotas. La última ha sido Esperanza Aguirre, que ha dimitido de la presidencia de la Comunidad de Madrid y todo parece indicar que su vice ocupará el cargo, pese a la inquina que este señor despierta entre las filas populares.
Las razones de esta dimisión no están nada claras, pero da igual. Los ciudadanos nunca sabremos la verdad porque toda esta gente se mueve en unas nubes de soberbia infinita.
El caso es que esta manera de ver y hacer política se extiende. Tenemos las instituciones plagadas de personas a las que nadie ha votado, al menos para ese puesto. ¿Usted votó a Gallardón porque le gustaba el porte del muchacho, a Pepe Bono por su forma graciosa de hablar, a Esperanza porque le parecía una buena gestora? Pues ahora se jode y traga. Esto es lo que hay.
Los políticos, como si tuvieran un muelle pegado a las posaderas, saltan de inmediato. ¡Todo es absolutamente legal! Pues mira qué bien. Que sea legal no quiere decir que sea ético, y sin contar con el arte que tienen para saltarse la legalidad cuando les interesa.
Nuestra democracia adolece de muchos defectos. Y este es uno de ellos. La ciudadanía tiene el derecho de elegir a sus representantes, y tamaños cambios en las instituciones afectadas deben de ser ratificadas en las urnas. No existe otro camino para cumplir el mandato constitucional: “la soberanía reside en el pueblo”
Todo esto, también, tiene mucho que ver con nuestro sistema electoral, formado por listas cerradas que, sin excepciones, terminan siendo camarillas de colegas que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Un sistema cerrado en el que ciudadano ni pincha ni corta.
España necesita, entre otras muchas cosas en materia de democracia, un sistema electoral de listas abiertas y circunscripciones electorales. El tiempo de listas de partido cerradas ha tocado fondo. Y, por supuesto y como en otros países, otra manera de elegir nuestros representantes, más ágil y rápida, que permita a los electores decir la última palabra ante cualquier alteración.
Aquí va a costar, porque la clase política no está por la labor de alterar su estatus privilegiado. Tendremos que espabilarnos, el resto de ciudadanos, si no queremos que esta caca de democracia siga enfermando y perdiendo credibilidad, alejándose a pasos de gigante de la realidad de las personas a quien, en teoría, debería de servir.
Entre tanto, deberemos de sobrevivir al desastre, a la hecatombe, a la desesperación de vivir sin Esperanza Aguirre.
Pregúntenle a Federico Jiménez Losantos.
